Sind. ex-BID - Situación actual liquidación quiebra ex BID CL al 9 Julio 02

Situación actual liquidación quiebra ex BID CL (al 9 JULIO 02)

El Expediente Judicial consta de 55 tomos, y alrededor de 500 incidentes vinculados (más 50 extensiones de quiebra en trámite) . Se encuentra radicado en el Juzgado CC de Distrito Nº 3- Primera Instancia- Segunda Nominación de la ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe) a cargo del Dr. Marcos Ferrarotti.

INDICE:

I- Resumen - Estado Actual

II- Pasivos Falenciales

III - El Activo falencial

IV- Antecedentes de situación judicial (pre y post 24/4/96)

I- Resumen - Estado Actual

Con fecha 2 de Julio de 2002, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación procedió a emitir sentencia en la cuestión de la interposición del Recurso Federal concedido oportunamente por la H.Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (VER: Antecedentes de situación Judicial, y Texto -parcial- en : Biblioteca ).
El sentido de tal Resolución, luego de efectuar un conjunto de consideraciones, ha sido que "... se confirma la sentencia apelada. ...".
El sentido de la expresión reproducida, implica el rechazo del recurso extraordinario, con lo que la sentencia de quiebra queda firme de manera definitiva.
Al momento de incorporar la presente información a esta página, el Juzgado a cargo de la Quiebra aún no ha sido notificado, ni ha recibido las actuaciones que serán remitidas desde la SCJN.
Cuando ese paso se cumpla, la sindicatura tendrá la posibilidad de elevar al Juez de la quiebra, la distribución de un dividendo complementario (respecto del primero ya abonado), en base a las disponibilidades y compromisos existentes. A la fecha, los fondos depositados en cuentas judiciales susceptibles de ser aplicados a una segunda distribución (luego de la conversión parcial a pesos conforme las Resoluciones Judiciales 217/02 y 293/02) ascienden aproximadamente a $ 60 millones .
Hasta el momento, no existen fechas, plazos, ni modalidad de pago determinados en sede judicial, dirigidos a efectuar una distribución complementaria (art. 222 ley 24522), que requerirá necesariamente la pertinente aprobación y orden judicial previa.

II- Pasivos Falenciales :
- El total de Pasivos admitidos en la quiebra asciende a la suma de $ 750 millones (después de cancelar pasivos laborales por $ 16 millones, y abonar a ahorristas un primer dividendo de $ 33 millones). Se compone de:
  - - los ahorristas (inversores) representados por 20.000 verificantes admitidos cuyo saldo impago asciende a $ 332 millones (total admitido inicial de aproximadamente $ 365 millones).
  - - el Banco Central de la Rep. Argentina, por redescuentos otorgados y operaciones de comercio exterior, con un monto de $ 300 millones.
  - - la AFIP/DGI, Administraciones Provinciales de Impuestos, por un capital que ronda los $ 30 millones.
  - - acreedores comunes, por $ 82 millones
  - - acreedores por obligaciones subordinadas, por una suma de $ 9 millones.
III - El Activo falencial (al 31 de Diciembre de 2001):
- A la fecha existen $ 31 millones disponibles para ser distribuidos en el caso que se diera la orden judicial.
- Hay -además- unos 260 inmuebles distribuidos en todo el país- (propios y/o adquiridos en defensa de créditos). De ellos, 35 se encuentran locados, produciendo un total de $ 53.000 mensuales de alquileres (al 31 de Diciembre de 2001, según contratos firmados a esa fecha ).
- En cuanto a la cartera activa, hay aproximadamente 6.000 deudores que se encuentran con planes de pago acordados y vigentes (aproximadamente $ 30 millones de saldo de deuda), a los que deben sumarse más de 24.000 juicios iniciados a lo largo de casi todo el país. El monto de recupero es incierto y dependerá de la disponibilidad de mecanismos de recobro a que se pueda acceder. Existen varias propuestas diseñadas , tanto de índole legislativa como judicial. Hasta la fecha, las numerosas gestiones iniciadas no han sido receptadas.
- Paralelamente, la sindicatura ha sido designada Administrador/ Interventor Judicial de la cartera cedida por el ex BID al BCRA en garantía de redescuentos, cuyo producido se encuentra en debate judicial. El BCRA pretende un privilegio especial sobre el mismo, mientras que la sindicatura sostiene que pertenece a la masa de acreedores (ahorristas) dado que los redescuentos fueron irregularmente otorgados. Las disponibilidades, alcanzan a aproximadamente $ 18 millones adicionales (al 31 de Octubre de 2001).
- Finalmente, y con resultado incierto, deben computarse las diferentes acciones de ineficacia, de responsabilidad (contra Administradores y BCRA) y de extensión de quiebra a numerosas personas jurídicas y físicas que conformaban el "grupo BID".
IV- Antecedentes de situación Judicial (previos y posteriores al 24 abr 96)
- La quiebra del Banco Integrado Departamental C.L. fue declarada por el Juez de 1ª. Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª. Nominación de Venado Tuerto, en fecha 24 de abril de 1996.- Tal declaración fue precedida de los siguientes hechos:
  - a- El 14 de abril de 1995 el BCRA dispuso, a solicitud de la propia entidad bancaria, la suspensión de sus actividades.- Esa medida, contemplada por la ley de entidades financieras para las entidades con dificultades de liquidez o solvencia, se dispuso inicialmente por 30 días y se extendió finalmente por 120 días.-
  - b- Con la decisión anterior el BCRA dispuso el nombramiento de una veeduría -con poder de veto- para que actuara en el banco suspendido.-
  - c- El 16 de agosto de 1995 el BCRA, resolvió la revocación de la autorización para funcionar como banco al BID CL., la que quedó firme al ser consentida por la ex entidad financiera.- El BCRA dispuso conjuntamente y como lo marca la ley, dar parte al Juez Comercial competente (que resultó ser el Juzgado de la 2ª. Nominación de Venado Tuerto mencionado al comienzo) a efectos de que interviniera en el procedimiento de "cese de la actividad reglada" en el marco de la ley de entidades financieras.- Se abre en esa fecha el expediente judicial Nº 1379/1995 que luego se transformaría en el expediente de la quiebra.-
  - d- Entre el momento de la suspensión de actividades y la revocación de autorización para funcionar (y aún con posterioridad a esa fecha), el BID CL presentó diferentes propuestas y alternativas de reestructuración, sin que fueran aceptadas por parte del BCRA.. Asimismo, fue concretando la venta parcial de sucursales, cesiones de créditos, ventas de cartera de tarjetas de crédito, y un llamado a licitación para una reorganización por vía del procedimiento de exclusión de activos y pasivos, del que participó primordialmente el Banco de Boston.
  - e- En febrero de 1996 el Juez decide el nombramiento de un Interventor / Administrador Judicial del BID CL con desplazamiento de las autoridades estatutarias, medida que quedó firme, al no ser recurrida oportunamente por dichas autoridades.-
  - f- Se llega así al ya indicado día 24 de abril de 1996. En esa oportunidad el Juez interviniente, ante el fracaso de la última de las negociaciones intentadas para dar una salida a la liquidación (frustrados procesos de reestructuración y de salvataje con el Banco de Boston en febrero de 1996), sin que la entidad hubiera solicitado su autoliquidación o su liquidación judicial y fundamentalmente, ante lo que consideró evidente estado de insolvencia del ex banco, con ajuste a lo dispuesto por el art.45 de la ley 21.526 (texto vigente a la fecha de la sentencia, modificada por leyes 24.485 y 24.627) decretó la quiebra de la entidad.-
  - g- Una vez DECRETADA LA QUIEBRA (el 24 de abril de 1996), las autoridades estatutarias del ex BID CL, interpusieron contra la sentencia de quiebra dos recursos.
    - 1- el de reposición concursal, donde sostenían que la entidad no estaba en cesación de pagos ; y:
    - 2- el de nulidad, arguyendo, entre otras cosas, de que el Juez no les había corrido traslado antes del dictado de la quiebra.-
  - h- Ambos recursos fueron rechazados en Primera instancia y por la Cámara de Apelación de Venado Tuerto. La cuestión relativa a la cesación de pagos ha quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada ya que se rechazó en su momento un recurso de inconstitucionalidad que la fallida interpusiera y quedó agotada, incluso, la mencionada vía extraordinaria.-
  - i- La cuestión de la nulidad, ingresó por vía de un recurso de queja a la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, quien lo rechazó. No obstante, ese mismo máximo Tribunal Provincial, ante la interposición por parte de la fallida del recurso extraordinario federal entendió que el mismo debía se concedido por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera esta última la que se expidiera en instancia final, al cuestionarse la inteligencia de una norma de naturaleza nacional, o sea el art. 45 de la ley de entidades financieras. La concesión del recurso se produjo en mayo del 2000.-
  - j- La fecha de cesación de pagos del ex BID CL ha sido fijada judicialmente a partir del 1º de Julio de 1994. Esta fecha ha sido aceptada por la fallida en el trámite judicial de la quiebra. La suspensión de actividades del BID por parte del BCRA se produjo casi 10 meses después de la de inicio de cesación de pagos.
  - k- Es de destacar que, a pesar de que el presupuesto substancial para la declaración de la quiebra es el estado de cesación de pagos (cuya realidad y firmeza está fuera de toda duda y con la fuerza que le otorga la autoridad de la cosa juzgada), la instancia extraordinaria igual permanece abierta, al solo efecto de analizar si el supuesto vicio procesal en que se habría incurrido puede viabilizar, mas de cinco años después de dictada, la nulidad de la sentencia de quiebra.
  - l- Es muy importante destacar que no se ha alegado cuál habría sido la defensa que la falta de traslado le impidió esgrimir y cual sería el perjuicio sufrido, habida cuenta de que la cesación de pagos fue finalmente aceptada por la propia fallida.-
  - m- En el marco del trámite del recurso extraordinario, la SCJN requirió dictamen del Procurador General, quien se expidió el 26 de Setiembre de 2001, pidiéndole a la Corte "... hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, con los alcances indicados". Es decir que dicho funcionario considera procedente la declaración de nulidad de la quiebra .
  - n- De aquí en más (26 de setiembre de 2001) , corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictar sentencia final sobre el asunto, con dos posibilidades:
    - 1- Si la SCJN rechaza el recurso extraordinario, la sentencia de quiebra quedará firme, y se podrá (finalmente) avanzar en el proceso de liquidación buscando la finalización del mismo, dentro de plazos y condiciones razonables.
    - 2- Si la SCJN resolviera hacer lugar al recurso extraordinario y declarar la nulidad de la sentencia de quiebra, dispondrá seguramente que la causa sea derivada a otro Juez competente para que, subsanado el vicio procesal que diera lugar a la nulidad, es decir previo traslado a la hoy fallida, dictara nueva sentencia.- En esta hipótesis, y teniendo en cuenta que el estado de cesación de pagos como requisito para la declaración de quiebra debe existir al momento del dictado de la sentencia, puede afirmarse categóricamente que el nuevo Juez ha de tener que, inexorablemente, declarar nuevamente la quiebra del ex BID CL ya que si no había dudas que al 24 de abril de 1996 estaba en cesación de pagos, mucho menos dudas habrá de que lo está ahora o más adelante.- Se configuraría en tal supuesto UN PARADIGMATICO CASO DE NULIDAD POR LA NULIDAD MISMA, SIN CONTENIDO ALGUNO, SIN EFECTOS PARA LA HOY FALLIDA QUE VOLVERIA INCUESTIONABLEMENTE A SERLO, Y , EN CAMBIO, CON GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES PARA LOS ACREEDORES.- Para resguardar, en abstracto, un derecho de la fallida cuya presunta violación no le ha provocado perjuicio alguno, se produciría un agravamiento considerable de los ya ingentes perjuicios provocados a los acreedores por la insolvencia de la ex entidad financiera.-
  - o- Finalmente, no debe dejarse de lado la evaluación de las dificultades y perjuicios que se producen con la prolongación del actual estado de cosas. Baste mencionar a modo de simple enunciado:
    - 1- los efectos suspensivos que sobre el trámite de la quiebra produce la concesión del recurso extraordinario, pudiendo realizarse solamente actos de administración (no de disposición, como serían la venta de activos o la distribución de la suma de $ 31,5 millones disponibles para un segundo dividendo a ahorristas).
    - 2- la elevada incertidumbre que la prolongación en el tiempo de tales efectos ocasiona en todos los afectados por el proceso. No es posible conocer el cuánto y el cuándo de los eventuales dividendos.
    - 3- los costos adicionales de administración;
    - 4- el deterioro de bienes y créditos; y
    - 5- el derroche de recursos procesales por el eventual uso malintencionado que de esa incertidumbre suelen efectuar algunos terceros (léase, por ej. deudores de la quiebra) .-

Otras consideraciones:

La liquidación por quiebra del ex BID CL (con sus absorbidos ACISO y RIBERA), se cuenta entre las pocas que no han contado con asistencia financiera de ninguna naturaleza por parte del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria ni del SEDESA (por haber dispuesto el BCRA la suspensión un día hábil antes que la entrada en vigencia de esos mecanismos de cobertura). Por ello, no se ha podido abonar suma alguna a ahorristas como garantía de depósitos. El anterior régimen disponía una privilegio sobre efectivos mínimos que el mismo BCRA liberó, formando parte de franquicias por la absorción de las dos entidades bancarias mencionadas.

Asunto:
Cuestiones pendientes entre ex BID CL y el BCRA al 4 Set 01

1- BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG. S/ INCIDENTE DE REVISIÓN EN BID CL S/ QUIEBRA" - Expte. 2205/96

El BCRA, en 1996, solicitó en forma tempestiva, la verificación de créditos en el trámite de la quiebra del ex BID CL. Como resultado de esa insinuación:

a- se le admitió la totalidad del importe reclamado (capital más intereses) por una suma cercana a los $ 300,2 millones.

b- se rechazó (en Resolución Judicial Nº 517/96 del art. 36 de la ley de quiebras), la pretensión del BCRA de que se le reconociera un privilegio especial (prenda) sobre la cartera cedida en garantía de asistencias financieras por iliquidez. El argumento utilizado fue que tales asistencias habían sido otorgadas de modo irregular respecto a las disposiciones del art. 17- último párrafo de la Carta Orgánica del BCRA (no transcurrieron los 45 días mínimos entre cada asistencia). Esto significaría que el BCRA, sobre el producido -recupero- de esta cartera, tendría un privilegio inferior a los ahorristas del ex BID. En los hechos, esta es la única posibilidad de que el BCRA recupere siquiera parcialmente los fondos dados por asistencias financieras durante el "tequila".

El BCRA planteó una revisión de la Resolución mencionada en b-. Esta cuestión ya superó la etapa de prueba, y luego de los alegatos de las partes quedará para que el Juez dicte resolución.

- En el marco de ese trámite de la revisión, se suscitaron cuestiones incidentales relativas a la cartera de créditos (cedida en garantía) y que sería el asiento del privilegio reclamado inicialmente por el BCRA. Ellas son:

A) El BCRA, en Noviembre de 1996, decidió ceder la administración y gestión (de la cartera recibida en garantía de asistencias financieras) al Banco de La Pampa SA . Luego de dictada la Resolución de Directorio, se presentó ante el Juez de la quiebra para que convalidara dicha decisión. La sindicatura del ex BID se opuso (argumentando cuestiones de costos y de no procedencia del acto administrativo de cesión, por cuanto el BCRA no es propietario de la cartera cedida en garantía) . El Juez rechazó el pedido de convalidación e impuso las costas al BCRA. La decisión fue confirmada en todas sus partes por la Excma. Cámara de Apelaciones interviniente y está firme. Se suscitó discusión sobre el monto de los honorarios fijados a la Sindicatura y sus patrocinantes, que en Primera Instancia fueron fijados en $ 100.000 .- El monto fue apelado tanto por la Sindicatura y el BCRA. El fallo en la Cámara de Apelaciones fue favorable a la posición del BCRA disponiéndose que no le correspondían honorarios , por este trámite, a la Sindicatura y sus asesores letrados.-

B) Ante la actitud del BCRA de querer desprenderse de la atención de la cartera que tenía en garantía (pretendido asiento del privilegio invocado), y diversas circunstancias fácticas relativas a la forma de recupero y gestión de la cartera, la Sindicatura solicitó al Juez de la quiebra el secuestro y embargo de la mencionada cartera, y su designación como interventor/ administrador judicial (sin retribución adicional por esa función). Fue resuelto favorablemente para el peticionante. Ante ello, el BCRA interpuso recursos de revocatoria y apelación, que fueron rechazados tanto en Primera Instancia como en la Cámara de Apelación. También fue rechazado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el BCRA, pidiendo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por via del recurso de queja.-

El monto de la planilla de honorarios y aportes debidamente aprobada y firme, a cargo del BCRA, ascienden a los los $ 5,5 millones.

El total de redescuentos otorgados inicialmente, rondaba la suma de $ 170 millones. El total de la cartera cedida en garantía de redescuentos, ascendía a $ 220 millones (al momento de su constitución: ene/abr 1995).

El total recuperado por el BCRA (entre abril/95 y marzo/98 -momento de efectivización de secuestro por parte de la intervención/ administración judicial-) al día de la fecha, asciende a aproximadamente $ 6,2 millones (monto cobrado más intereses por imposiciones a plazo fijo). Esta cifra la tiene en guarda y gestión el propio BCRA.

Por otro lado, la Intervención/ Administración, ha percibido hasta la fecha créditos de esa cartera, los que (con más sus intereses por imposiciones) alcanzan a $ 13,2 millones de pesos. De ello se da cuenta en informe mensual de la Sindicatura en el Expte. Judicial de la quiebra.

La Administración lleva las cuentas de esta cartera de manera absolutamente independiente y separada respecto de los fondos de la masa.

A mediados de Agosto de 2001, el BCRA se opuso a una solicitud formulada por la Administración Judicial, para que se le autorizara a aplicar a la gestión de la cartera cedida, las mismas pautas (modificadas en en junio de 2001) vigetnes para la cartera propia del ex BID CL. De modo llamativo, la referida oposición fue fundada en una crítica a pautas de gestión que NO están vigentes NI fue solicitada su aplicación.

2- SINDICATURA DEL EX BID CL C/ BCRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD DE TERCEROS - Expte. Nº 58/98

La Sindicatura, con las formalidades de Ley, promovió demanda de Daños y Perjuicios contra el BCRA en base a lo dispuesto por el art. 173-2º párrafo de la Ley concursal.

Según la Sindicatura, se reclama una indemnización de $ 55,5 millones (determinada por diferencia patrimonial) generada por la utilización de los redescuentos recibidos desde el BCRA, para que el BID diera préstamos a empresas insolventes en pleno "tequila". Se vuelve sobre la irregularidad de los otorgamientos (art. 17 Carta Orgánica) y con conocimiento de la insolvencia del ex BID por parte del BCRA, que abrió una inspección concomitante con la absorción de los bancos Aciso y Ribera, y la concreción de la asistencia financiera.

Si prosperara la demanda (en actual etapa de prueba), el BCRA debería la suma reclamada, con el accesorio de la sanción prevista en la ley concursal, que significaría la perdida de las acreencias admitidas (la suma de $ 300,2 millones -tempestiva-, más dos tardías de $ 61.262,- y $ 3.446.800.-)

En este Juicio, el BCRA promovió incidente de impugnación de prueba ofrecida por la Sindicatura, que fue rechazado por el Juez. Las costas a cargo del BCRA fueron fijadas en primera instancia en la suma de $ 1,4 millones y la suma ha sido objeto de apelación por el BCRA y la Sindicatura.